La relación entre dinero y política: un debate imprescindible

Infolatam
San José (Costa Rica), 29 noviembre 2012
Por DANIEL ZOVATTO

(Especial Infolatam).- La relación entre el dinero y la política se ha convertido en uno de los grandes problemas del gobierno democrático. La democracia no tiene precio pero sí un costo de funcionamiento. El uso de recursos económicos es por lo tanto un elemento imprescindible para la competencia democrática. Más que una patología de la democracia –como frecuentemente se le presenta en la discusión pública–, el financiamiento político es parte de la normalidad y la salud de la vida democrática. Por ello, no hay que demonizar al dinero pero sí regularlo, ya que es evidente que es capaz de producir distorsiones importantes en el proceso democrático (plutocracias, capturas de las agendas del Estado por grandes grupos económicos, o bien del crimen organizado y/o narcotráfico). De ahí la importancia de que sea el sistema democrático el que controle el dinero y no a la inversa, para asegurar democracias de calidad.

¿Qué sistema: público, privado o mixto?

Si el dinero es indispensable para la vida política y el funcionamiento democrático, la primera pregunta que debemos responder es la siguiente: ¿Qué sistema de financiamiento político deseamos? Público, privado o Mixto?

Mi preferencia es un sistema mixto con preponderancia del financiamiento público sobre el privado, complementado con la introducción del mecanismo de “matching grant” (subvención compartida), desgravaciones fiscales para contribuciones privadas no superiores a los 5000/10000 dólares estadounidenses, prohibición de que las personas jurídicas hagan aportes y absoluta transparencia.

Monto y objetivos del financiamiento público

La siguiente cuestión por responder es cuál debe ser el porcentaje (monto) del financiamiento público (en caso de que decidamos estar a favor del mismo) en relación con el financiamiento privado. No existe una respuesta única a esta pregunta, depende de cada país. México establece que 90% debe ser financiamiento público y 10% privado. Otros países, en cambio, se inclinan por la primacía del financiamiento privado sobre el público. Venezuela y Bolivia, por su parte, son los dos únicos países de la región que han prohibido el financiamiento público.

En mi opinión, el monto del financiamiento público debe ser lo suficientemente importante para cumplir con uno de sus objetivos principales que es evitar que los partidos (ante la necesidad de contar con grandes sumas de dinero para sus campañas) sean presas de grandes grupos económicos, o peor aún, del crimen organizado. Es decir, que el financiamiento público sea (en buena medida) sustitutivo del privado, contribuyendo de esta manera a blindar (lo más posible) a los partidos contra la penetración del dinero ilegal y del ilícito. De lo contrario, lejos de ser sustitutivo del financiamiento privado, el financiamiento público es meramente aditivo a aquél, desvirtuando así su verdadera razón de ser.

Un monto adecuado de financiamiento público ayuda, asimismo, a cumplir con otros objetivos importantes: generar condiciones de equidad en la competencia electoral y mayores niveles de transparencia. Contribuye, asimismo, a institucionalizar un sistema de partidos políticos y a su fortalecimiento, capacitación y democratización interna, así como a una mayor equidad de género, tanto intra como inter partidos.

Franjas electorales, capacitación y control

La tercera cuestión pasa por definir en qué modalidades (directo, indirecto y específico) el financiamiento público debe financiar diferentes tipos de actividades. Me inclino a favor de la combinación de financiamiento público con la introducción de “franjas electorales” gratuitas, acompañadas de la prohibición de compra de propaganda política electoral por parte de los partidos políticos, similar al régimen que existe actualmente en Brasil, Chile, México y Argentina. Una medida de este tipo permitiría actuar sobre uno de los disparadores más importantes del gasto electoral, reducir los gastos de las campañas y ahorrar una suma muy importante de recursos públicos. Según datos de investigaciones comparadas que hemos hecho recientemente en Latinoamérica, en un buen número de países de la región el gasto de los partidos en medios (sobre todo en la televisión) es superior al 50% del gasto electoral total, llegando incluso en algunos países a representar entre el 60 y 70%. (Financiamiento de los partidos políticos en América Latina. OEA, IDEA y UNAM. Coordinadores Pablo Gutiérrez y Daniel Zovatto. 2011).

Otro aspecto a considerar, que permitiría asimismo un importante ahorro de recursos públicos, es establecer la gratuidad del transporte público el día de las elecciones. Asimismo, considero de gran importancia que los partidos destinen (por mandato legal) un porcentaje sustancial del financiamiento público (entre 20 y 30% de su monto total) en actividades de capacitación e investigación para contribuir a su fortalecimiento (convirtiéndose en usinas de pensamiento, generadoras de propuestas y con cuadros muy bien preparados), en lugar de conceptualizar a los mismos como meras maquinarias electorales que se activan únicamente para cada elección.

Un último punto, pero de gran importancia, reside en el necesario fortalecimiento de las atribuciones, competencias, recursos (económicos, humanos, etc.) de los órganos encargados de garantizar un adecuado monitoreo y vigencia, real y efectiva, de la normativa (por lo general los organismos electorales), acompañado de un régimen gradual, variado y eficaz de sanciones capaz de evitar la impunidad (muy alta en un buen número de países de la región) en caso de incumplimiento.

Comentario final

Las reflexiones arriba expuestas evidencian la urgencia e importancia de llevar a cabo, en los ámbitos nacionales así como en el regional latinoamericano, un debate a fondo sobre la compleja pero estratégica relación entre el dinero y la política dirigido a fortalecer la autonomía de los partidos frente a los intentos de captura de sus agendas, disminuir el gasto de las campañas, generar mayores condiciones de equidad en la contienda electoral, incrementar sustancialmente la transparencia y reducir significativamente la impunidad.

Para ello debemos tener muy presente que dichas reformas vayan acompañadas de los recursos para aplicarlas rigurosamente, de la voluntad de revisarlas cuando muestren sus limitaciones inevitables y del realismo para entender que ningún sistema de financiamiento político, por sofisticado que sea, es capaz de garantizar por sí solo la integridad de la actividad política. De ahí la importancia de que estas regulaciones vengan siempre acompañadas de la voluntad y compromiso, legal y ético, de los partidos políticos de cumplirlas tanto durante las precampañas como en las campañas. Resumiendo, en esta materia, es imprescindible complementar las normas con buenas prácticas.

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Uma resposta a La relación entre dinero y política: un debate imprescindible

  1. En definitiva poner reglas claras y cuentas claras para todos. Creo que se estan mejorando día a día en latinoamerica pero lo más dificil es el control del cumplimiento.

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