Brasil ante su pasado dictatorial

[Texto de opinião de Carlos Malamud no Infotalam]

La puesta en marcha de una Comisión de la Verdad en Brasil supone un importante paso en el largo, complicado y doloroso proceso que implica ahondar en el pasado dictatorial en la búsqueda de respuestas inquietantes para preguntas complicadas. Gracias a la decisión de Dilma Rousseff pudo ponerse en marcha una iniciativa que en su día quiso impulsar el ex presidente  Lula y que encontró fuertes resistencias entre los militares, especialmente aquellos ya retirados pero entonces involucrados en buena parte de las violaciones de los derechos humanos que hoy se quieren investigar.

Una primera lectura de la convocatoria y composición de la Comisión lleva a destacar su carácter profesional, equilibrado, multipartidario y no sectario, estatal y no gubernamental, junto a un escrupuloso reconocimiento de la legalidad vigente. En ese sentido, la presidente no quiso superar los límites de la Ley de Amnistía, aprobada en 1979 durante la dictadura militar y cuya constitucionalidad fue avalada en 2010 por el Supremo Tribunal Federal. Pese a que ese mismo año la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tan denostada por Hugo Chávez, la declaró sin efectos jurídicos, el gobierno brasileño no quiso ir más allá con el objetivo de no afectar los difíciles equilibrios sobre los que se apoya una iniciativa de este tipo.

El deseo manifiesto de no hacer un uso partidario y progubernamental del trabajo de la Comisión contrasta claramente con lo ocurrido en Argentina, donde pese a los avances importantes en el conocimiento del pasado se ha producido una clara manipulación de los Derechos Humanos por los dos presidentes Kirchner. Un dato a destacar desde esta perspectiva es que en Brasil se invitó al acto de constitución de la Comisión a todos los ex presidentes democráticos vivos (Sarney, Collor de Mello, Cardoso y Lula), algo muy diferente al ninguneo a que se sometió a Raúl Alfonsín.

Si bien la Comisión no podrá enjuiciar a ninguno de los implicados en las violaciones de los derechos humanos, sí podrá dejar constancia de las atrocidades cometidas y de los responsables de las mismas. Aquí encontramos a los dos grupos que con mayor empeño rechazan la formación de la Comisión y sus posibles resultados. Por un lado, los militares retirados, con apoyos corporativos en algunos sectores activos, que ven con pavor que su hasta ahora reconocida impunidad sea cuestionada. Por el otro, ciertas ONG y grupos defensores de derechos humanos que se mueven con criterios maximalistas, aunque algunas ven a la Comisión sólo como un punto de partida. En este grupo están todos aquellos que rechazan la ley de Amnistía y quieren enjuiciar a los torturadores.

De ahí la importancia de conocer el pasado. De saber a ciencia cierta qué cosas ocurrieron en un país en un momento determinado de su historia y conocer a los responsables. Sólo de esa manera se puede impulsar seriamente la construcción del futuro, un proceso en el que Brasil está firmemente empeñado. Pero una cosa es la búsqueda de la verdad y el conocimiento del pasado y otra muy distinta la evocación de una memoria que pretende ser monopólica. Para evitar caer en este error hay que reconocer que no hay memoria, por más histórica que sea, sino memorias, y que es con la suma de todas ellas como se avanzará en la reconciliación nacional.

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